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Mayo 2016

583 artículos de investigación Prevención del embarazo adolescente: marco legal - I. Leal et al generalizado de la normativa legal relativa al abuso sexual, la cual determina la diferenciación en la atención clínica de adolescentes mujeres menores de 14 años. Lo que de alguna manera muestra que, más allá de las normativas, existe la visión que son las mujeres quienes son víctimas de abuso, minimizando esta posibilidad en los varones. Una limitación del estudio fue no profundizar en las diferencias de género. El abordaje clínico para adolescentes mayores es similar al de las adultas, viéndose expuestas a las barreras de acceso conocidas, como no contar con espacio diferenciado para la atención2. Es así que las adolescentes menores de 14 años, además de encontrarse con las barreras conocidas, se agregan los aspectos médicos legales2. En este sentido, es la Ley 19.927 la que determina en mayor medida el accionar de los profesionales en la atención de estas menores, al no diferenciar el abuso sexual de aquellos casos donde hay inicio temprano de la actividad sexual consentida y no abusiva. Es la interpretación de los proveedores de salud y las acciones que se derivan de ésta, lo que se instaura como una barrera de acceso a MAC y AE de las adolescentes menores de 14 años. Existe variabilidad en el proceder cuando estas adolescentes solicitan MAC o AE, las que se observan entre los profesionales de los distintos centros de atención, como dentro de un mismo centro. Por lo tanto, la resolución de la necesidad de atención de estas adolescentes queda condicionada al criterio e interpretación del ML del profesional que las atienda, en la medida que los profesionales no cuentan con orientaciones técnicas para el manejo de estos casos, es difícil promover el respeto por los derechos de los/las adolescentes a recibir una atención digna, de calidad, respetando los principios bioéticos16. La Ley 20.418 establece que luego de la entrega de AE se informará a un adulto, no explicitando tener que actuar de igual forma en el caso de indicar un MAC17. Sin embargo, este artículo se interpreta en conjunto con la ley de abuso sexual, lo que condiciona la entrega de MAC a la presencia de un adulto, en el caso de menores de 14 años. El derecho a la confidencialidad se entiende para mayores de 14 años. De esta manera, el ML y en particular las leyes 19.927 y 20.418, se trasforman en factores claves que enmarcan la diferenciación del abordaje clínico y la vivencia de inseguridad e incertidumbre en la atención para los proveedores, aspectos que se transforman en una barrera para una atención de calidad, que garantice el acceso oportuno, consejería y confidencialidad en la atención para la prevención del embarazo en adolescentes menores de 14 años. Es así, que este puzzle legal lleva a los profesionales a considerar la actividad sexual siempre como una situación de abuso, en menores de 14 años, imposibilitando a los equipos de salud a aplicar criterios, discriminando entre los casos reales de abuso sexual de aquellos en que existe actividad sexual consentida y no abusiva. Este actuar obliga a judicializar la atención clínica, impidiendo que sea abordada integralmente. Sin desconocer que la actividad sexual a temprana edad pudiera estar asociada a problemáticas psicosociales, necesarias de identificar e intervenir18,19. Está publicado que las adolescentes menores de 15 años tienen mayor riesgo biológico y psicosocial ante un embarazo y que el inicio sexual temprano se asocia a factores de vulnerabilidad20,21. Resulta preocupante que sea precisamente este grupo de mayor riesgo el que tiene más dificultades de acceso a la atención, quedando en más desprotección. Se sabe que a menor edad, aumenta la probabilidad que el embarazo de una adolescente sea producto de un abuso sexual, por lo cual es un antecedente que se debe indagar y que debe ser abordado por los equipos de salud de una manera diferente de aquellos embarazos en adolescentes menores producto de la actividad sexual consentida, ya que los riesgos e implicancias en salud y legales son diferentes. De acuerdo a datos nacionales, el inicio de actividad sexual a los 15 años o antes ha aumentado de 14% a 26% entre los años 2010 y 201222,23. De lo cual, podría inferirse que no se está resolviendo esta incipiente necesidad de salud. Consideramos necesario una reflexión a nivel de sociedad, autoridades de salud, educación y otras entidades sociales que logren explicar y definir la tendencia actual sobre la edad de inicio de la actividad sexual y su abordaje. Si bien la legislación busca resguardar la integridad del niño y joven en materia de abusos sexuales, vulnera otra área relativa a los derechos en salud sexual y reproductiva (DSSR) garantizados en la legislación, como el acceso a los MAC y la confidencialidad. Estos DSSR se han garantizado en convenciones y acuerdos internacionales suscritos por el Estado de Chile. El Estado debiera asegurar el cumplimiento de los DSSR de Rev Med Chile 2016; 144: 577-584


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