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Marzo 2016

ÉTICA MÉDICA Conclusiones y recomendaciones La OC es un problema inevitable en una sociedad pluralista y libre, pero requiere ser regulado. Por un lado, la decisión del objetor de oponerse al poder del Estado cuando ve en riesgo sus principios más profundos muestra el valor de la integridad y convicción moral y la sociedad debe resguardar dicho valor. Por otro lado, el Estado no puede desatender el derecho que tienen las personas de acceder a legítimas prestaciones de salud. Por lo tanto, para que esa OC sea verdadera, nos parece necesaria la regulación de ciertos aspectos específicos: ¿Quiénes pueden ser objetores? Consideramos que este derecho le asiste sólo a aquellos que realizan el acto clínico directo, sea terapéutico o quirúrgico, pero no a aquellos que tratan sus complicaciones o posibles consecuencias, ni tampoco 386 quienes participan del cuidado posterior de la persona que se ha realizado el procedimiento. ¿Se debe crear un Registro de objetores? Pensamos que el registro de la declaración del objetor no debe ser público, para no ser sujeto de discriminación, pero si debe ser conocido por las autoridades de la institución que lo tiene contratado. Forma parte de la prudencia que acompaña el ejercicio de nuestra profesión, el evitar exponerse a situaciones en que el objetor es el único prestador, especialmente cuando es posible prever la inexistencia de una posibilidad real de derivación del paciente. En resumen, la necesidad de reconocer y regular la objeción de conciencia de los profesionales, necesita de la existencia previa de una ley que asegure acceso universal, sencillo y no discriminatorio de las prestaciones de salud, tanto en el sistema de salud público como en el privado. Para que se respeten los derechos de las personas que requieren de la prestación y también el de los objetores, éstos deben manifestar previamente y de manera fundamentada, su condición de objetor de conciencia a realizar determinadas prestaciones de salud ante el director o jefe de servicio, quien debe estar en conocimiento respecto de si cuenta o no con personal capacitado que esté dispuesto a otorgar la prestación. Éste, a su vez, debe realizar las acciones necesarias para que la población de usuarios no sólo no quede desatendida, sino que reciban aquella prestación que requieren, puesto que las instituciones sanitarias de carácter público deben otorgar las prestaciones legalmente reconocidas Objeción de conciencia - S. P. Salas et al a todos los ciudadanos que las solicitan o proveer de las instancias de derivación correspondientes. Por último, es necesario enfatizar que es deber del Estado organizar la atención de manera tal que se oferte a la población los especialistas suficientes a lo largo del país. Acuerdo de conclusiones a. Tanto la objeción de conciencia, como el derecho de un usuario a acceder a una prestación, son valores que deben ser resguardados. b. El objetor de conciencia tiene derecho a objetar su participación en la prestación, pero no a obstruirla. c. El aseguramiento del acceso a la prestación es responsabilidad del Estado y no del objetor. d. Todo médico que participa en una prestación profesional puede ejercer su derecho a objetar, independientemente del papel que le corresponda desempeñar en aquella, y sobre él recaen, asimismo, las obligaciones que más abajo se detallan. e. El objetor tiene la obligación de informar sobre la existencia de la prestación y la manera de acceder a ella y -según se establece en nuestro Código de Ética- procurar que otro colega siga asistiendo al paciente. f. El objetor no puede ser obligado a participar en la concreción de la prestación, excepto en aquellos casos en que la objeción de conciencia “produjere graves e inmediatos daños para la salud del enfermo”, según se establece en el mismo código. Referencias 1. Proyecto de ley que Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Boletín Nº 9895-11 del 31 de enero de 2015. Disponible en https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID= 10315&prmBoletin=9895-11 (Consultado el 7 de julio de 2015). 2. Legal Information Institute Cornell University Law School. Cassius Marsellus CLAY, Jr. also known as Muhammad Ali, Petitioner, v. UNITED STATES. No. 783. En 403 U.S. 698 (91 S.Ct. 2068, 29 L.Ed.2d 810) 1971. Disponible en https://www.law.cornell.edu/supreme- Rev Med Chile 2016; 144: 382-387


Marzo 2016
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