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Marzo 2016

ÉTICA MÉDICA 385 Objeción de conciencia - S. P. Salas et al nario de Bioética del Instituto Borja de Bioética argumenta del siguiente modo: “La objeción de conciencia no es un derecho absoluto, sino que tiene sus límites en cuanto que puede vulnerar derechos de otras personas. Por ello, debe hacerse un ejercicio coherente y responsable, explicitando la condición de objetor y los límites de la misma, con el fin de permitir una correcta organización de las prestaciones, evitando el perjuicio de terceros”14. También ha adoptado esta postura la Asociación Médica Mundial; en su documento sobre Profesionalismo Médico, reconoce que los médicos tienen derecho a permanecer leales a sus valores y moral personales y a ejercer su juicio profesional independiente, y que poseen el derecho a informar a sus pacientes de aquello, pero no de un modo que sea indebidamente coercitivo o argumentativo. Señala explícitamente que debe hacerse distinción entre una situación aguda, donde se requiere de cuidado inmediato para mantener la salud, en contraposición a una situación menos aguda en la que se dispone de tiempo para que otro facultativo realice la prestación. Asimismo, señala que los médicos deben entregar a sus pacientes toda la información que requieran, independientemente de sus propios valores, contribuyendo así a que los pacientes puedan dar un consentimiento informado válido. Este concepto es uno de los pilares centrales de la ética médica moderna y no puede verse socavado por la OC13. La OC se enmarca así en un nuevo tipo de relación clínica que reconoce que el profesional es un ciudadano con valores personales, pero también con obligaciones profesionales, éticas y jurídicas definidas colectivamente, de tal modo que debe procurar no desatender a sus pacientes, tal como lo señala nuestro Código de Ética8. Esta obligatoriedad, en el sentido de procurar que otro colega continúe asistiendo al paciente en aquellos casos en que la atención sea negada por razones de conciencia, es congruente con las obligaciones deontológicas contenidas en otras normativas, como por ejemplo los casos de Francia y Gran Bretaña15,16. Especial cuidado hemos tenido en el alcance de la redacción de estos artículos en los códigos citados. Es fácil darse cuenta que en todos ellos existe una cautela respecto a lo que se entiende por “derivar”, “procurar” y en qué consiste la atención médica que se busca procurar al derivar a otro profesional. Existe para nosotros una explicación para este hecho y se debe a las distintas posturas que existen en relación a la licitud ética de los procedimientos sujetos de objeción de conciencia, diferencias presentes también en nuestra agrupación. Esta cautela y cuidado se mantienen en las conclusiones de este documento. En este sentido, el profesional asume una obligación de no abandono de su paciente; es decir, no puede simplemente retirarse de la atención aduciendo OC, sino que debe asegurar que otro proveedor continúe con la atención. A su vez, este reconocimiento al derecho a la OC se ha restringido a aquellas personas que directamente participan de la acción y no a funcionarios administrativos ni mucho menos a aquellos que deben otorgar asistencia sanitaria a una mujer que ya se hizo un aborto y que sufre las complicaciones del mismo11,17. Negativas institucionales a realizar una acción de salud legal Como ya hemos mencionado, la OC debe ser entendida como un derecho personal, basado en las creencias más profundas del individuo, cuyo fundamento ético es la libertad ideológica, la cual es atributo de las personas. Respecto de la OC de las instituciones de salud, es evidente que las instituciones no son poseedoras de conciencia, aunque es legítimo reconocer que existen instituciones privadas con idearios valóricos y códigos de ética institucionales que guían y orientan su trabajo, y que en ese contexto no entregan ciertas prestaciones a una población debidamente informada y que por tanto, comparte esos mismos valores. En el caso de un sistema de atención cerrado, donde la persona que requiere la prestación no tiene posibilidad de elección, se hace necesario que exista una organización adecuada para que las personas puedan trasladarse fácilmente a otras instituciones donde puedan ser atendidas de manera oportuna11. La institución pública, en cambio, no puede negarse a entregar una prestación legalmente establecida, puesto que actúa en representación del Estado, debiendo procurar que dentro de su equipo de salud existan funcionarios no objetores. Asimismo, sería inadmisible que una autoridad de un centro de salud, en base a sus creencias o valores personales, imponga normas en la institución que tiene a su cargo, que limiten los derechos de terceros a obtener prestaciones sanitarias legales. Rev Med Chile 2016; 144: 382-387


Marzo 2016
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