Page 104

Junio 2016

ARTÍCULO ESPECIAL deraciones de fondo sobre la legitimidad de una ley de aborto, creemos que las meras implicancias prácticas para el ejercicio profesional debieran motivar a la comunidad médica a involucrarse en el debate del proyecto que actualmente cumple su segundo trámite legislativo. Por tal motivo, hemos considerado necesario alertar –mediante el caso ficticio expuesto– sobre ciertas cuestiones relevantes que no han sido discutidas en torno a la causal de violación. El elemento central de análisis es que la actual propuesta3 carece de resguardos suficientes e idóneos, 782 permitiendo así que la decisión de abortar pueda eventualmente desencadenar un error judicial. En el ejemplo, Claudia jamás quiso perjudicar a Jorge. Sin embargo, ante la obligatoriedad de expresar una causa para la deseada interrupción del embarazo, la joven dio inicio a un proceso cuya trascendencia e irreversibilidad difícilmente pudo prever. No ha de olvidarse además que la mujer que recurre al aborto está bajo presión, con gran angustia y, probablemente, sentimientos de culpabilidad4. Pero la consecuencia indeseada citada no es la única posible. El hecho que la normativa en discusión no tenga en cuenta ciertas cuestiones médico-legales y procesales puede también: a) Permitir situaciones en las cuales una oportuna solicitud de aborto por parte de una embarazada producto de violación no sea acogida. b) Comprometer la posibilidad que los casos de violación puedan ser efectivamente acreditados y sancionados penalmente. A continuación analizaremos detalladamente cada uno de los escenarios expuestos: 1. La posibilidad de una condena errada por falsa denuncia de violación Independiente si la motivación es dolosa (con la intención de causar daño) o –como en el caso ejemplificado– culposa (sin atender a las consecuencias), lo concreto es que el proyecto actualmente en trámite no otorga garantías que aseguren la oportuna pesquisa de una falsa denuncia de violación. A juicio nuestro y de otros autores, el principal problema radica en el hecho que la norma propuesta sólo provee un asomo de autonomía para la mujer5,6, escenario en el cual la embarazada puede verse persuadida a aducir engañosamente la causal de violación. A ello se Aborto por causal de violación - L. González-Wilhelm et al suma la impropia facultad otorgada al equipo de salud, que deberá “confirmar la concurrencia de los hechos que constituyen” la violación. Pero… ¿cómo, si ello es médicamente imposible? Aunque parezca obvio, se ha de recordar que la violación es un delito, no una enfermedad. Por ende, concordando con lo públicamente expuesto por el Subdirector Médico del SML, ningún médico y en ninguna circunstancia, puede certificar una violación7. Ahora bien, es posible que el ejecutivo y los parlamentarios –al igual que sucede a diario con muchos operadores de la justicia– hayan creído erradamente que en una violación necesariamente existirá algún rastro de violencia física compatible con el hecho. Sin embargo, la evidencia científica demuestra todo lo contrario. En efecto, existe amplio consenso que en la mayor parte de los casos en que se sospecha una agresión sexual no habrá signos de lesiones significativas, trauma cicatrizado o enfermedades de transmisión sexual8. Ello es válido tanto para niños9-13, adolescentes10,14 y adultos15,16. Aun cuando se produzcan lesiones por la violación, éstas suelen ser superficiales y lo común es que sanen en pocos días, muchas veces sin dejar marcas17-20. Cabe considerar además que una relación sexual consentida también puede dar lugar a lesiones, las cuales no poseen en términos generales un patrón morfológico distintivo respecto de las producidas en un acto no consentido16,21-23. Por otra parte, las víctimas de un delito sexual no siempre manifiestan cambios conductuales o trastornos psicosomáticos en respuesta a los hechos. Aun cuando ello suceda, se trata de indicadores inespecíficos que han de ser interpretados con cautela24-27. Visto lo anterior, resulta comprensible un paradigma de la sexología forense actual: la existencia de lesiones no ha de ser entendida como sinónimo de violación y la ausencia de ellas tampoco permite descartar el delito. Así entonces, cualquier apreciación sobre si hubo o no delito queda en definitiva condicionada al relato de la supuesta víctima. De hecho, acorde a nuestro marco legal (Tabla 1) y tratándose de mujeres mayores de 14 años, lo esencial no es la valoración médica sino la ponderación de si el acto sexual fue o no consentido. Y ello es una labor que debiera competir exclusiva y excluyentemente a la justicia, no al equipo de salud. Rev Med Chile 2016; 144: 780-786


Junio 2016
To see the actual publication please follow the link above