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Junio 2016

ARTÍCULO ESPECIAL 781 Aborto por causal de violación - L. González-Wilhelm et al sexuales con Jorge. Con todo, ante la duda ella había preferido no hacer una denuncia, lo cual quería mantener así. Convocada la junta ad-hoc del equipo de salud, se analizó el caso. A esa fecha carecía de sentido obtener muestras para una alcoholemia o examen toxicológico para corroborar el relato de Claudia. Además, ya no existían rastros físicos de una acción violenta (ej. equimosis, erosiones, excoriaciones) y el examen sexológico sólo daba cuenta de un desgarro antiguo del himen (mayor a 7 días), compatible con una relación sexual pero insuficiente per se para asumir falta de consentimiento. Ante ese escenario los médicos (que no son jueces para decidir si existió o no un delito de violación) acogen lo expuesto por la paciente y se lleva a cabo la interrupción del embarazo. El facultativo a cargo completa además los formularios respectivos para que la dirección del establecimiento efectúe la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público. También, diligentemente, resguarda con cadena de custodia parte del material obtenido tras el procedimiento, ante la eventualidad que pueda servir como evidencia. Tras la denuncia se decretan diligencias, a partir de las cuales la policía ubica y entrevista tanto a Claudia como a Jorge. Ella reitera que no recordaba bien lo sucedido, pero creía que la habían violado. El joven en tanto, sorprendido, señala que sí conocía a Claudia y que había tenido relaciones sexuales consentidas con ella en una ocasión. Asimismo, ante la solicitud de una muestra de hisopado bucal, otorga su consentimiento manifestando que no ha hecho nada malo y por ende colaborará en lo que se le solicite. La muestra en cuestión es comparada genéticamente con el material resguardado, estableciéndose que Jorge era el padre del embrión abortado. Con esa información el fiscal formaliza una investigación por violación y obtiene medidas cautelares contra Jorge. Durante la investigación se ubica a otros jóvenes que participaron de la fiesta. Todos coinciden en afirmar que Claudia estuvo con Jorge. Algunos señalan además que éste le dio de beber mucho alcohol a la muchacha. La joven por su parte, rehúsa concurrir a declarar ante el fiscal. Sin embargo, asiste al Servicio Médico Legal (SML) y repite su historia: no recordaba bien lo sucedido, pero creía que la habían violado. El perito concluye que la mujer presentaba un desgarro himeneal antiguo Rev Med Chile 2016; 144: 780-786 y signos de un embarazo reciente, hallazgos que no permitían descartar una violación. Tras concluir las indagatorias se realiza el Juicio Oral. Claudia –por miedo– no asiste a declarar, decisión que el persecutor penal respeta en función de lo consagrado en la Ley de aborto. Jorge se acoge al derecho de guardar silencio. Su defensa afirma que la supuesta víctima consintió plenamente el acto sexual. Manifiesta además que el caso se sustenta en una prueba obtenida con infracción de garantías, ya que el médico no estaba autorizado por la ley a resguardar tejidos del aborto. El fiscal afirma que Jorge, aprovechándose dolosamente de la ebriedad de Claudia, tuvo relaciones sexuales sin su consentimiento. Añade que el análisis genético se ajustó a derecho, porque el médico estaba obligado a practicar las pruebas biológicas conducentes a acreditar el hecho punible, debiendo conservar las muestras correspondientes. El tribunal efectúa el debate de rigor y termina condenando a Jorge. Dado que el joven tenía antecedentes penales por un accidente de tránsito, se decreta el cumplimiento efectivo de la pena. La defensa recurre de nulidad, pero la I. Corte de Apelaciones confirma la sentencia. Jorge es encarcelado como autor del delito de violación. Cuando Claudia se entera, pide ayuda a un abogado. Se redacta un recurso de revisión, en el cual ella se retracta de sus dichos. Sin embargo, el libelo no es admitido a trámite por la Corte Suprema, dado que nuestra legislación establece que “no podrá probarse por testigos los hechos en que se funda la solicitud de revisión”. Discusión En Chile, aproximadamente 2,1% de los abortos estarían motivados porque el embarazo fue producto de violación1. Aun cuando importantes autores nacionales han opinado que la práctica de un aborto mandatada por ley no constituiría un acto médico, sino más bien, un gesto con significación social2, desde la óptica médico-legal discrepamos, porque consideramos que el procedimiento también puede ser trascendente a título individual (en el status bio-psico-social de la mujer que lo solicita). Además, la correcta interpretación de hallazgos al examen sexológico requiere de competencias y conocimientos propios de nuestra especialidad. Dado ello e independiente de consi


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