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Abril 2016

ARTICULOS DE REVISIÓN 1993 y 2012 había evolucionado jurisprudencialmente 486 el test de justificación de la afectación de derechos fundamentales conforme a los principios fundamentales de justicia, volviéndose más estricto, y que la justificación de la prohibición por Rodríguez v. British Columbia no satisfacía esos nuevos estándares. La Corte de Apelaciones de la Columbia Británica revocó la sentencia de la Jueza Smith por consideración al precedente15. Pero la CSC acogió por unanimidad la apelación contra la revocación en Carter v. Canada16 y declaró que la prohibición general del suicidio asistido infringía injustificablemente el art. 7 de la Carta, en la medida en que prohibía la asistencia médica a la muerte de una persona adulta competente que (i) claramente consiente terminar con su vida y (ii) parece una condición médica grave e irremediable, inclusiva de una discapacidad, que le causa un sufrimiento permanente e intolerable en sus circunstancias. En cuanto al remedio judicial, la Corte rehusó otorgar una excepción constitucional. En su lugar decidió emitir una declaración de invalidez de la ley y suspenderla por 12 meses. El legislador canadiense dispone, pues, de un plazo que vence el próximo 6 de febrero de 2016 si quiere evitar el vacío legal que generará la invalidación de la prohibición del suicidio asistido. Conclusiones No es fácil discernir el efecto de estos cambios en el derecho comparado. Desde luego, hay que esperar a constatar su influencia en la decisión de los respectivos legisladores. Es posible que tanto el Reino Unido como Canadá se unan a los derechos occidentales que han autorizado la eutanasia activa en la forma del auxilio al suicidio. Pero también podría producirse una reacción política adversa a su autorización, que pusiera en entredicho la autoridad de los tribunales para decidir esta cuestión. Eso está por verse. No hay que exagerar el cambio que traería como consecuencia la consolidación de esta jurisprudencia reciente en la ley canadiense y británica. Aun si ello ocurriera, no cambiaría el tratamiento de todo el ámbito de la eutanasia activa directa, sino sólo del reducido ámbito del auxilio al suicidio y para el caso específico del sufrimiento derivado del padecimiento de patologías Jurisprudencia sobre el derecho a morir - A. Bascuñán et al o discapacidades incurables. Esto es así, porque la actitud médica hacia el suicidio, al margen del padecimiento de enfermedades graves y el estatus de la prohibición del homicidio consentido, no han sido cuestionadas en Regina (Nicklinson) ni en Carter. El reconocimiento total de la eutanasia activa directa como derecho constitucional del paciente está lejos de esta jurisprudencia. Pero tampoco hay que menospreciar este cambio reducido. Porque implica un ajuste en la gramática profunda de las distinciones morales y legales relativas a la voluntad de morir. La paradoja del antiguo common law, subyacente a las jurisdicciones canadiense, estadounidense y británica antes del surgimiento del consenso, es que a la vez prohibía el suicidio y autorizaba el rechazo al tratamiento médico. Obviamente, la solución de esta paradoja no podía encontrarse en alguna consideración relativa a la autonomía del paciente, pues el suicidio es la máxima expresión de la voluntad de morir. La solución sólo podía encontrarse en la inviolabilidad del cuerpo humano. La desaparición de la prohibición del suicidio en el common law a mediados del siglo XX generó el primer ajuste de esta gramática profunda, pues removió un obstáculo legal al reconocimiento de la voluntad de morir como expresión de la autonomía. La extensión que ahora presenciamos de la autorización fuerte de la eutanasia pasiva al auxilio al suicidio representa un nuevo ajuste en esta relación entre el principio del respeto a la autonomía y el principio de la inviolabilidad del otro. El ajuste era inevitable, si es que se fundamenta la prohibición del auxilio al suicidio en la protección de las personas vulnerables por su dudosa competencia o por el riesgo de estar expuestas a presiones, como lo entendieron las sentencias que formaron el consenso entre 1993 y 2002. Porque este no es un fundamento basado en la inviolabilidad del otro, sino en el respeto por su autonomía. Es la clase de paternalismo impropio o débil que resulta consistente con el principio de autonomía. Así fundada la prohibición, su sobreinclusividad es evidente, porque a la vez que protege al paciente que está en riesgo de abuso afecta la autonomía de quien no se encuentra en ese riesgo. En todos los casos en que una voluntad de morir es afirmada de modo serio y libre por un paciente competente, sin riesgo de presiones externas, la prohibición deja de ser para él una protección y se manifiesta como pura restricción de su poder de decisión sobre sí Rev Med Chile 2016; 144: 483-487


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