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Abril 2016

ARTICULOS DE REVISIÓN 485 cierra la secuencia de sentencias que generó el consenso jurisprudencial entre 1993 y 2002. En resumen, analizadas conforme al esquema de tres pasos arriba expuesto, se tiene que la USSC y la UKHL dan una respuesta negativa a la pregunta (i). El ECHR, en cambio, da una respuesta hipotéticamente afirmativa a la pregunta (i) para responder negativamente la pregunta (iii). Por último, la CSC da una respuesta categóricamente afirmativa a la pregunta (i) pero negativa a la pregunta (iii). Los cuatro tribunales coinciden en atribuir al interés del paciente en rechazar el tratamiento médico, incluyendo su interrupción, el estatus de un derecho inequívocamente reconocido por la legislación o la constitución. El cambio reciente en el Reino Unido El cambio de perspectiva del máximo tribunal del Reino Unido comenzó a manifestarse en una sentencia dictada el 30 de julio de 2009, Regina (on the application of Debbie Purdy) v Director of Public Prosecutions10. Sufriendo de esclerosis múltiple, Debbie Purdy solicitó información precisa acerca del riesgo que corría su marido de sufrir persecución penal si la acompañaba a morir a Suiza. Siguiendo la decisión del ECHR en Pretty, la UKHL esta vez reconoció que el interés en decidir acerca de la propia muerte está protegido por el derecho a la vida privada del art. 8° CEDH, y además acogió la apelación, ordenando al DPP publicar una descripción de su política de persecución penal que satisficiera las exigencias expuestas en una de las opiniones que concurrieron al fallo. Tres meses después de esta sentencia, el DPP dio a conocer la nueva regulación, que contempló 16 criterios que hacen más probable la prosecución del auxilio al suicidio y 6 que la hacen menos probable11. La otra sentencia fue dictada el 26 de junio de 2014 por la Corte Suprema del Reino Unido (“UKSC”): Regina (on the application of Nicklinson and another) v. Ministry of Justice, and Regina (on the application of AM) (AP) (Respondent) v. The Director of Public Prosecutions12. Esta es una decisión compleja. El caso consistió en cuatro apelaciones. Dos de ellas requerían la declaración de incompatibilidad de la prohibición del auxilio al suicidio con el derecho a la vida privada garantizado por el art. 8° CEDH. Sobre este punto la Corte se dividió de una manera que bien puede ser calificada como paradójica. Por mayoría de siete votos contra dos, la UKSC rechazó las apelaciones. Pero esa mayoría no fue consistente en sus fundamentos, pues cuatro de los votos que concurrieron al rechazo de las apelaciones coincidieron con los dos votos disidentes en un enfoque revolucionario: consideraron que la prohibición general del suicidio asistido es incompatible con el art. 8° CEDH. La diferencia entre los cuatro que concurrieron a rechazar las apelaciones y los dos disidentes es una simple consideración temporal. Reconociendo que la declaración de incompatibilidad de la ley con el CEDH es discrecional, esos cuatro jueces consideraron que no era el momento apropiado para la decisión judicial. En otras palabras, decidieron dar una oportunidad al Parlamento inglés, donde se encuentra en tramitación, desde el 6 de junio de 2014, el proyecto de ayuda a morir de Lord Falconer de Thoroton13. Pero por lo menos ante esta composición de la UKSC la suerte está echada: o hay nueva legislación que autorice en un margen razonable el auxilio al suicidio o hay declaración de incompatibilidad de su prohibición con el CEDH. Esto implica un giro en 180 grados respecto de Pretty. El cambio reciente en Canadá En la sentencia más extensa de esta secuencia -Carter v. Canada14-, la Jueza Lynn Smith de la Corte Suprema de la Columbia Británica -un tribunal de primera instancia, pese a su nombre- afirmó la protección constitucional del interés en decidir cuándo y cómo morir como derecho a la seguridad de la persona, afirmó que la prohibición general del suicidio asistido afectaba ese derecho, negó que esa afectación pudiera justificarse conforme a los principios fundamentales de justicia, como lo requiere el art. 7° de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, y afirmó que la prohibición generaba una diferencia discriminatoria para personas incapacitadas de darse muerte por sí solas. En otras palabras, compartió una de las premisas del voto de mayoría de la CSC en Rodríguez v. British Columbia, pero negó todas las demás premisas. Esto naturalmente genera un problema en un sistema de precedente judicial. La manera en que la Jueza Smith resolvió el problema es institucionalmente plausible: sostuvo que entre Jurisprudencia sobre el derecho a morir - A. Bascuñán et al Rev Med Chile 2016; 144: 483-487


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